El Gobierno estableció fechas escalonadas entre 2026 y 2027 para la entrada en operación del sistema de control y trazabilidad minera según el tipo de explotación.
El Gobierno nacional estableció un cronograma oficial para la implementación del sistema de trazabilidad minera en el país mediante la Resolución 3824 del 29 de diciembre de 2025, norma que modifica disposiciones de la Resolución 759 de octubre de 2024, específicamente en los artículos 26 y 27.
La medida busca fortalecer los mecanismos de control, seguimiento y transparencia en la cadena de comercialización de minerales, uno de los principales instrumentos del Estado para combatir la minería ilegal y mejorar la formalización del sector.
De acuerdo con el calendario definido por la normativa, la entrada en operación del sistema se realizará de forma gradual según el tipo de actividad minera. En el caso del PIN y la gran minería, así como la minería de subsistencia, la implementación comenzará el 19 de mayo de 2026.
Para la mediana minería, el sistema entrará en funcionamiento el 18 de agosto de 2026, mientras que para la pequeña minería el inicio de la operación está previsto para el 18 de agosto de 2027.
La resolución también contempla un plazo similar para áreas de reserva especial, solicitudes de legalización de minería de hecho o tradicional y subcontratos de formalización minera, que deberán integrarse al sistema a partir del 18 de agosto de 2027.
Las autoridades mineras han señalado que el objetivo de este esquema escalonado es permitir que los diferentes actores del sector puedan adaptarse gradualmente a las nuevas herramientas tecnológicas y administrativas requeridas para el control de la producción y comercialización de minerales.
El sistema de trazabilidad permitirá registrar información sobre origen del mineral, transporte, comercialización y destino final, fortaleciendo así la supervisión institucional y la transparencia del mercado minero.
Expertos del sector consideran que la implementación de este tipo de herramientas tecnológicas puede representar un avance importante para la formalización minera en Colombia, además de mejorar la confianza de los mercados internacionales frente al origen legal de los minerales producidos en el país.
